Cuenca Matanza Riachuelo: A 6 años del Fallo de la CSJN difunden informe de Cuerpo Colegiado


Se difundió el Informe sobre el estado de la Cuenca Matanza Riachuelo a 6 años del fallo de la CSNJ, elaborado por el Cuerpo Colegiado ( FARN – GREENPEACE – Asociación de Vecinos La Boca – ACDH – CELS ) instituido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación , y coordinado por Defensoría del Pueblo de la Nación.

El mismo, en sus observaciones finales, expone que: El balance sobre lo transcurrido en los seis años posteriores al fallo de la CSJN da cuenta de que aún queda mucho por hacer en términos de política y gestión ambiental para alcanzar los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población, recomponer el ambiente y prevenir daños en la cuenca Matanza Riachuelo.
El esfuerzo inicial por poner en marcha los resortes del Estado para atender la problemática, las políticas de control de industrias y gestión de residuos, las obras de infraestructura y el abordaje de los casos de mayor vulnerabilidad llegaron a un límite, encontrándonos actualmente en una meseta que exige repensar los criterios que guían las intervenciones, así como también las herramientas utilizadas para establecer prioridades en la ejecución de las acciones.
La experie ncia e información generadas en este tiempo crean las condiciones propicias para que la ACUMAR, con el compromiso de las jurisdicciones involucradas, avance en la formulación e implementación de una política que conduzca a incrementar el control sobre las principales fuentes de contaminación y el acceso a bienes y servicios  que inciden en la vulnerabilidad de la población, en función de un criterio de justicia ambiental, cuyo eje sea minimizar el riesgo al que se encuentran expuestos los sectores más postergados.
La actividad continuada a lo largo de seis años, desde la sentencia de la CSJN, resultan una plataforma adecuada para avanzar en las decisiones pendientes, entre otras,  las siguientes:
re-estructurar el PISA, determinando con precisión los objetivos, líneas  de base, metas intermedias progresivas, responsables, plazos, financiamientos e indicadores de  resultado; amodificar normas centrales para l gestión ambiental de la cuenca, afianzando la capacidad de la ACUMAR en el ordenamiento ambiental  del territorio, el establecimiento de parámetros y la habilitación
ambiental de actividades  de incidencia regional;  adoptar a las principales subcuencas de arroyos como unidades de  gestión, con intervención obligatoria de los municipios comprendidos por ellas;
acordar nuevos mecanismos para la coordinación interjurisdiccional y la  resolución de controversias entre Estados; profesionalizar la conducción técnica de la autoridad de cuenca; habilitar la participación social mediante audiencias semestrales, previo  acceso a información actualizada sobre el estado del ambiente y las acciones referidas a su gestión. La razonabilid ad de la política ambiental para la cuenca debe ser validada en la  causa judicial de modo de evitar vulneraciones de derechos, en el marco de un proceso que cuente con instancias participativas y el apoyo especializado de equipos interdisciplinarios. A su vez, el control judicial de su ejecución debe desplazarse desde el seguimiento de las actividades hacia la verificación de los resultados obtenidos. Ello  en aras de garantizar la efectiva vigencia de los derechos amenazados y propender al más pronto y eficaz cumplimiento de la sentencia del 8 de julio de 2008.

 

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